mayo 19, 2011 · 2:09 pm
Resuelven situación de exrector
y 5 empleados de la
San Buenaventura
Seis
años después de que el entonces rector de la universidad San
Buenaventura de Cali, padre Luis Javier Uribe, y cinco empleados más
fueran sindicados de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento
ilícito, entre otros, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas
personas.
Por: El pais.com.co La Redacción. Miércoles, Mayo 18, 2011
El proceso
Enero 13 del 2005. Se abrió la
investigación contra estas seis personas por lavado de activos,
enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público,
hurto agravado y concierto para delinquir.
Enero 30 del 2005. El fiscal les dictó medida de aseguramiento al padre Luis Javier Uribe, a Rodrigo Vera y a Rodrigo Estupiñán.
Septiembre del 2005. El padre Uribe fue puesto en libertad por vencimiento de términos.
Septiembre del 2010. Se profirió decisión de cierre.
Uno de los abogados de los detenidos es
Hernán Darío Escobar, quien fue víctima de un atentado la semana pasada.
Aunque el ataque no tiene relación con este caso.
Archivo/ Pais
Seis años después de que el entonces
rector de la universidad San Buenaventura de Cali, padre Luis Javier
Uribe, y cinco empleados más fueran detenidos, sindicados de los delitos
de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal,
falsedad en documento público, hurto agravado y concierto para
delinquir, la Fiscalía precluyó la investigación contra estas personas.
“Quedo establecido que no se
configuran los delitos imputados a los procesados”, señaló la Fiscal 17
de la Unidad Nacional para la Extinciónde Dominio y Lavado de Activos en
su decisión.
La decisión cobijó también a Jorge Luis
Haddad Franco, para la época director financiero de la
universidad; Leonardo Manrique Gómez, tesorero; Alfredo Panesso Tascón,
director de sistemas; Rodrigo Vera Aragón, contador, y Rodrigo Estupiñán
Gaitán, revisor fiscal.
Tras esta resolución, la Fiscalía canceló las medidas de aseguramiento que habían dictado contra los procesados. El procurador del caso también había solicitado que se precluyera la investigación contra los sindicados.
Estas personas habían sido denunciadas
por irregularidades en unas donaciones entregadas a la San
Buenaventura. La Fiscalía, en un primer momento, señaló que los
procesados se habían favorecido de la venta de esas donaciones.
Durante el proceso, el DAS
presentó un informe en el que indicó que “gran parte de los bienes
donados fueron transferidos a terceros por un valor diferente al
establecido en el momento de la donación”. Entre
las irregularidades estaba un supuesto robo de $17.250.000, que era la
diferencia entre el costo recibido de las donaciones y su valor de
venta. Sin embargo, se demostró que no hubo tal ilícito, ya que los
bienes fueron vendidos en su real valor comercial.
Asimismo, un análisis realizado por una
firma experta reveló que no se presentaron irregularidades con las
donaciones y los ingresos del alma mater.
“En ningún momento dentro de la
investigación se demostró que los bienes donados fueron vendidos por un
precio superior al reportado a la universidad por los bancos y que ese
excedente haya ido a parar al patrimonio de los implicados”, señaló la
fiscal en la calificación del proceso.
Otro de los cuestionamientos
estaba relacionado con la compra de un software Iceberg, un sistema
integrado de información contable, financiera y gerencial. Los
denunciantes dijeron que los directivos procesados habían recibido
algún tipo de dádiva para adquirir ese servicio. Estos señalamientos
fueron descartados por la Fiscalía.
De la misma forma, se había indicado que
algunas de las donaciones habían sido realizadas por empresas que
estaban en la llamada Lista Clinton.
Además, las investigaciones durante el proceso indicaron que las donaciones no tuvieron su origen en fuentes ilícitas.
Junio 13/11
El miércoles 19 de enero del
2005 el padre Luis Javier Uribe Muñoz, rector de la Universidad de San
Buenaventura, USB, en Cali, en ese momento, tomó la decisión de
entregarse a la justicia en la Tercera Brigada en Cali. Una semana
antes, la Fiscalía había ordenado su captura, junto con la de otros
cinco altos funcionarios del alma máter, a quienes acusaba de
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir,
fraude procesal, hurto agravado y falsedad.
Seis años después, la Fiscalía los ha declarado inocentes, por falsas acusaciones surgidas al interior de la misma Universidad.
El siguiente es el informe del diario El País
La denuncia en su contra fue puesta por
el entonces provincial de la comunidad Franciscana en Colombia, padre
Francisco Leonardo Gómez Vergez. “Tengo la corazonada de que la universidad ha sido utilizada para cosas ilícitas como el lavado de activos”, fue el testimonio que entregó Gómez Vergez a la Fiscalía.
Esta acusación estuvo vigente durante
siete años, tres meses y doce días, hasta el 2 de mayo pasado cuando la
Fiscal 17 Especializada de la Unidad de Lavado de Activos, declaró la
terminación del proceso penal a favor de los seis encartados pues “no hubo pruebas documentales ni testimoniales que sustentaran los cargos”.
Acusaciones sin piso
Lo primero que quedó al descubierto con el archivo del caso es que de
los seis delitos que se le endilgaron al padre Uribe, solo le fueron
imputados dos: hurto agravado y concierto para delinquir. Los cargos que
suponían una relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el
enriquecimiento ilícito, fueron desestimados por la Fiscalía incluso
desde la primera instancia.
El centro de los señalamientos fueron
entonces unas supuestas anomalías en la administración de donaciones
hechas a la USB entre 1996 y 2004 por parte de entidades como el banco
de Occidente, Colpatria, Ganadero, Davivienda, Corfivalle, Leasing
Internacional y Amalfi S.A.
La campaña para captar bienes de las
entidades financieras, como lo explicó a la Fiscalía Jorge Luis Haddad,
director financiero de la USB en la época de los hechos, “fue una
política institucional para aprovechar los incentivos tributarios que el
Gobierno otorga a quienes donen a universidades privadas. En principio
el beneficio para el donante era del 105% del valor en libros de la
donación, ese porcentaje fue bajando con el tiempo, pero la política
estatal se mantuvo. En 1997 la USB se inscribió en el programa, ese año
el volumen de donaciones fue enorme ya que las entidades vieron una
posibilidad rentable para salir de los bienes recibidos en pago durante
le crisis de la construcción”.
La inclusión de la USB en el programa de donaciones responde a la
intención de diversificar las fuentes de financiación para disminuir la
dependencia de los ingresos por matrículas, modelo tomado de las
universidades estadounidenses.
En total, la USB recibió en ocho años 698
bienes cuyo valor en libros era de $47.000 millones. En el mismo lapso
vendió, según dijo la Fiscalía en primera instancia, el 16% de esos
bienes por un valor superior a los $29.000 millones. La diferencia entre
el valor reportado cuando se recibieron los bienes y el valor real de
las ventas, unos $18.000 millones, fue lo que sirvió de pretexto para la
acusación.
Sin embargo, esa hipótesis fue
desestimada por la fiscal 17 Especializada Ángela Gutiérrez, en el
proceso de segunda instancia, donde tumbó los cargos de hurto agravado y
concierto para delinquir.
La razón principal es que tras un
análisis financiero que le hizo el DAS al patrimonio de cada uno de los
acusados, se concluyó que ninguno tenía incrementos no justificados y
que el movimiento de sus finanzas guardaba relación con los ingresos
declarados y probados.
Sobre la diferencia entre el valor de los
bienes donados frente al valor real obtenido por la venta del 16% de
los inmuebles, la Fiscal dio validez a la explicación de los implicados,
especialmente del director financiero Haddad. “La venta en un
precio inferior es un hecho indiscutible y no tiene trascendencia penal
dada las especiales circunstancias en que eran recibidas las
donaciones”, señala la Fiscal y agrega que “esa realidad jamás se ocultó
a los directivos de la universidad ni a los miembros de la comunidad,
lo que ocurre es que hay equivocación e indebida interpretación cuando
se equiparan los dos valores, el precio del banco que es mayor porque
contiene no sólo el valor del bien sino los intereses y otros valores
que por ley son permitidos cargar para los libros contables del sector
financiero y el valor comercial por el cual se negociaron por parte de
la USB”.
Hay que tener en cuenta que ese mayor valor con que se entregan las
donaciones, determinaba la deducción tributaria para los bancos y
corporaciones, sin esa ‘gabela’, explica la Fiscal, no se habrían dado
las donaciones, sino que las entidades financieras hubieran salido,
ellas mismas, a vender sus propiedades.
Lo que dice la fiscal en su alegato final
es que el padre Uribe y su círculo directivo, “no se robaron un solo
peso ni se concertaron para cometer ningún delito”. ¿De dónde salió
entonces esa acusación que acabó de un plumazo con el buen nombre del
padre y sus cinco subalternos? Eso también lo aclara la Fiscal.
La razón del mal
De acuerdo con el testimonio de fray Luis Romero Gaona, lo que motivó la
denuncia del Provincial Gómez Vergez fue el disgusto que tuvo con el
padre Uribe al pedirle que incrementara los traslados de dinero que
hacía la USB a la comunidad Franciscana, aprovechando el éxito de la
campaña de donaciones. El padre adujo que no podía atender su petición “porque
de acuerdo con la ley 223 de 1995 (estimulo tributario para donantes),
el dinero debía usarse sólo para la educación, la investigación, la
ciencia y la tecnología”.
En las versiones de los testigos del proceso quedó consignado que ante
la divergencia en el manejo de los recursos que se obtenían por la USB,
el Provincial decidió contratar una auditoría y remover al padre Uribe
de la rectoría, en septiembre 15 de 2004. La revisión hecha por la firma
Restrepo y Londoño, arrojó que algunos procesos administrativos y
financieros en la USB no se estaban llevando de forma adecuada.
El paso siguiente de Fray Gómez Vergez
fue contratar a la abogada Marta Lucía Daza para que adelantara la
investigación por las presuntas anomalías en las cuentas de la
universidad. Los honorarios que se pactaron fueron $800 millones, monto
cuestionado por la misma comunidad Franciscana.
Según el abogado Jaime Lombana, defensor del padre Uribe, la investigadora “realizó maniobras ilegales y reprochables con la anuencia del Provincial de los Franciscanos”, algo que corrobora fray Peña Quijano, quien sucedió en la rectoría al padre: “No
me dejaba pronunciar públicamente, me indicó que debía despedir a unas
personas pero que el motivo no se les podía decir porque estaba bajo
reserva del sumario, hasta que me vi en la imperiosa necesidad de
renunciar”.
El País intentó comunicarse con el vocero de la comunidad Francisca o de
la universidad San Buenaventura pero debido al fallecimiento
intempestivo del Provincial en Colombia, fray Fernando Garzón Ramírez,
fue imposible obtener una declaración para este artículo.
Sin embargo, ambas instituciones
renunciaron a sus pretensiones e incluso el 13 de diciembre de 2009
publicaron un escueto comunicado en el cual lamentaban “cualquier
daño que eventualmente se haya podido causar” al padre Uribe, los cinco
directivos y sus familias. Allí aclaran que la investigación tuvo su
origen en la decisión adoptada por personas que en la actualidad no
ejercen la dirección de la Comunidad Franciscana, motivada por “un
análisis jurídico superficial, presuntamente proveniente de sus
asesores”.
El fraile Hernán Elías peña Quijano, quien sucedió al padre Uribe en la
rectoría de la USB, renunció cuatro meses después por su desacuerdo con
el millonario contrato que se hizo con la abogada Martha Lucía Daza. “Me
convertí en una piedra en el zapato”, dijo al justificar su dimisión.
Por no compartir la forma como se adelantan las investigaciones internas
y por percibir que se ha iniciado una campaña de desprestigio en su
contra.El país no pudo establecer hasta el cierre de esta edición, si
por los señalamientos que se le hacen a la abogada Daza de “maniobras
ilegales durante el caso” es cierto que fue sancionada con la perdida de
su acreditación.
Lo que dicen del padre Uribe
– “No fui su alumno pero desde lejos soy testigo de la encomiable
labor en la recuperación de la Universidad a cuyas manos llegó en un
estado muy precario”. Luís Ernesto Mejía, Ex ministro de Minas.
– “Fue parte integral en la formación
de miles de caleños que desarrollan una carrera profesional exitosa con
principios éticos y sociales fundamentales para la sociedad”. MaríaSol Navia, Ex ministra de trabajo.
– “Celebramos que al Padre Uribe se
le haya hecho justicia. La sociedad entera debe solidarizarse para
reparar en lo que sea posible la lesión inmensa que se le infirió”. Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras.
– “Es hombre excepcional que nos enseñó a pensar en grande en las causas en las cuales la vida nos pide compromiso”. Álvaro Cobo Soto, Presidente Asocajas.
¿Quién es el Padre Uribe?
– El padre Luis Javier Uribe tiene 82 años y es Franciscano desde que cumplió 16.
– Estudió Teología en Petrópolis, Brasil; Filosofía en la San
Buenaventura de Bogotá y es Mayor de la reserva del Ejército Nacional.
Sus cargos:
– Rector del colegio Pio XII, Virrey
Solís, San Luis Rey, Cofundador y luego rector de la San Buenaventura,
Capellán de la Casa de Nariño y Presidente del Pontificio Ateneo
Antoniano de Roma.
El padre Luis Javier Uribe vivió un calvario con final feliz
